La cronología de una disputa con muchos condimentos: paros, cortes de rutas, pérdida de imagen pública de la Presidenta, confrontaciones e incertidumbre. Su génesis, evolución y estado actual. El intento de resolución por la vía parlamentaria.
En la Argentina hacen ya 127 días que se vive un conflicto entre el sector agrario del país y el Gobierno Nacional, que comenzó siendo económico, que fue convirtiéndose en político y que hoy en día se ha convertido en una puja de poder entre ambas partes. Derivó entre otras cosas en, una baja pronunciada en la imagen de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un aumento del clima de crisis en todo el territorio, en una incipiente desaceleración o enfriamiento de la economía, en la no exportación de productos agropecuarios y en una marcada incertidumbre de la población en cuanto al futuro inmediato del país.
La Argentina ha sido un país agro-exportador, desde el comienzo de su historia, se ha caracterizado por la producción y exportación de materias primas alimenticias de primera calidad. Es, por lo tanto, un gran productor de alimentos que puede alimentar a cerca de 400 millones de personas y a lo largo de su historia ha desarrollado una notable industria alimenticia para poder darle valor agregado a sus productos. Pero aún así, un gran porcentaje de las exportaciones totales del país está compuesto por materias primas, como carne, leche y granos, y a su vez, en los últimos años, ha ido aumentando notablemente la producción de soja por su alta rentabilidad. Es un producto muy demandado por el mundo y por lo tanto, se pagan altos valores por este.
Si a lo antes descripto le sumamos la actual crisis alimentaria mundial y la estimulación mundial al uso de biocombustibles, la Argentina tiene un lugar preponderantemente beneficioso en el mapa, es uno de los pocos países en el mundo que puede sacar altos réditos de esta crisis, vendiéndole al mundo los alimentos que éste necesita a precios cada vez más altos. Esto es lo que estaba haciendo la Argentina hasta el 10 de marzo de 2008, exportando grandes cantidades a bastos mercados mundiales a precios, en dólares, en permanente alza.
En la República Argentina, se les cobra una alícuota, llamadas retenciones, a las exportaciones, es decir, que un porcentaje de las divisas en dólares que ingresan al país por exportaciones, son retenidas por el Estado Nacional. Esto tiene, según los especialistas económicos, la función de moderar los precios internos de los alimentos ya que equipara la ganancia que obtienen quienes exportan con las ganancias que puede obtener abasteciendo el marcado interno. Hay que resaltar que la relación peso-dólar en este país es de alrededor de 3 a 1 y, tomando este dato cambiario, se hace evidente la conveniencia de vender cualquier producto al exterior recibiendo pagos en dólares y que, si no existiesen las retenciones, quienes producen y exportan elegirían, o bien vencer toda su producción al exterior o bien vender en el mercado interno a valor internacional, algo absolutamente incompatible con el poder adquisitivo de los argentinos, que cobran sus sueldos en pesos. Al respecto, el ex Presidente Néstor Kirchner aseguró que “en estos tiempos, como dijo la Presidenta, es fundamental que a la mesa de los argentinos los alimentos lleguen a precios nacionales y no a precios internacionales y por eso puso las retenciones” El Gobierno Nacional fundamenta que las retenciones sirven además para poder generar más fondos que ingresan a las arcas del Estado Nacional con el fin de ser redistribuidas entre el resto de la población, y en especial, entre las clases más bajas a través de obra pública y asistencia social, entre otras.
Comienzo del conflicto
El 11 de marzo de 2008, el entonces Ministro de Economía de la Nación, Martín Lousteau, anunció modificaciones en el sistema de cobro de esta alícuota. Por un lado, se planteó la movilidad de las retenciones, que significa un aumento directamente proporcional del porcentaje a retener cuanto más aumente el valor internacional de los productos alimenticios, y por otro, elevar del 35% al 44,1% el nivel de retenciones sobre la exportación de granos de soja.
El día posterior a este anuncio, las cuatro entidades agrarias argentinas (denominada la mesa de enlace), es decir, las entidades que agrupan a todos los productores agrarios del país, Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro), llamaron a un paro del sector agropecuario en repudio a la medida tomada por el Gobierno Nacional, que se extendió por 21 días y en el cual se adoptó como metodología el emplazamiento de los productores a la vera de las rutas con el fin de evitar el paso de cualquier camión que contenga productos destinados a la exportación, para luego transformarse en cortes de rutas que produjeron un principio de desabastecimiento de alimentos en las ciudades argentinas, entre ellas, la ciudad de Buenos Aires. A esto se le sumó un cacerolazo en Buenos Aires y en las principales ciudades del país el 25 de marzo por parte de la gente que salió espontáneamente a la calle a apoyar al sector agropecuario.
Después de varios días de conflicto, de duros discursos dados por la Presidenta Fernández de Kirchner y los dirigentes del campo, el 28 de marzo comienza un breve período de reuniones entre ambas partes con el fin de intentar llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto. Algo que no se pudo concretar y, el 31 de marzo, el Gobierno Nacional anuncia una serie de medidas compensatorias con las cuales se pretendía devolverles posteriormente a los productores, parte de lo retenido. Esto fue inmediatamente rechazado por la dirigencia del agro, al respecto, el Presidente de la FAA aseguraba que “A simple vista, las medidas del Gobierno no modifican en esencia el motivo del conflicto” y agregó que en la propuesta de modificaciones hecha por el Gobierno Nacional “sólo hay generalidades”. En consecuencia, fue anunciada la continuación del paro hasta el 2 de abril, día en que la mesa de enlace promueve un cese de la protesta por 30 días a fin de mantener un diálogo con el Gobierno que pueda acercar posiciones.
En el medio de este período de tregua y negociación, harto importantes son los eventos ocurridos. Se producen amplios incendios en campos de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos cuyo humo cubre rutas y ciudades provocando numerosos accidentes y la muerte de diez personas, el Gobierno Nacional culpa al campo de provocar dichas quemas. Por otro lado, el 25 de abril, renuncia el Ministro de Economía Martín Lousteau, quién había hecho el anuncio que desencadenó el conflicto. Asume como nuevo Ministro de Economía Carlos Fernández.
Pasados los 30 días de tregua, y al no haberse llegado a acuerdo alguno, el 2 de mayo el sector agropecuario anuncia su vuelta a las rutas, esta vez sin bloqueos, y el día 7 del mismo mes se proclama que el paro durará hasta el día 15 de mayo inclusive, y que en realidad se extendió mucho más allá de la fecha indicada. El 14 de junio Gendarmería Nacional avanza sobre uno de los piquetes en una ruta de la Provincia de Entre Ríos llevándose detenido, entre otros, al titular de la FAA de la Provincia de Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, uno de los líderes de la protesta por parte del agro.
Etapa parlamentaria del conflicto
El 16 de junio se producen nuevamente cacerolazo en las principales ciudades del país, que se extienden por varias horas, proclamándole al Gobierno Nacional la pronta resolución del conflicto y logró que, al día siguiente, la Presidenta de la Nación, en un acto partidario en Plaza de Mayo, anuncie el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional con el fin de ratificar o rechazar la resolución 125, disparadora del conflicto. Según fuentes de Gobierno, lo que en realidad se buscó fue ratificar la medida a través de la vía constitucional transformándola en Ley Nacional.
Como consecuencia de este anuncio, la mesa de enlace decidió levantar las medidas de protesta para esperar la resolución que fuese a tomar en Congreso Nacional. A partir de aquí, comenzaron dos semanas de reuniones de consulta entre diferentes especialistas y Diputados Nacionales para poder interiorizarse sobre las distintas aristas del tema a tratar. Todo este camino, derivó en la votación ratificatoria de la resolución 125, aunque con ciertas modificaciones que no conformaron al sector agropecuario ni a la oposición política.
Una vez obtenido la media sanción de la Ley por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto pasó a la Cámara Alta, donde los Senadores Nacionales, después de nuevas reuniones de consulta, el día 16 de julio, tendrán que sesionar y votar por la ratificación o el rechazo del proyecto de Ley. En caso de ser rechazado, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados con el fin de ser modificado y en ese caso, el oficialismo tendrá que obtener dos tercios de los votos para poder lograr nuevamente la media sanción que le permita regresar al Senado Nacional.
En la Argentina hacen ya 127 días que se vive un conflicto entre el sector agrario del país y el Gobierno Nacional, que comenzó siendo económico, que fue convirtiéndose en político y que hoy en día se ha convertido en una puja de poder entre ambas partes. Derivó entre otras cosas en, una baja pronunciada en la imagen de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un aumento del clima de crisis en todo el territorio, en una incipiente desaceleración o enfriamiento de la economía, en la no exportación de productos agropecuarios y en una marcada incertidumbre de la población en cuanto al futuro inmediato del país.
La Argentina ha sido un país agro-exportador, desde el comienzo de su historia, se ha caracterizado por la producción y exportación de materias primas alimenticias de primera calidad. Es, por lo tanto, un gran productor de alimentos que puede alimentar a cerca de 400 millones de personas y a lo largo de su historia ha desarrollado una notable industria alimenticia para poder darle valor agregado a sus productos. Pero aún así, un gran porcentaje de las exportaciones totales del país está compuesto por materias primas, como carne, leche y granos, y a su vez, en los últimos años, ha ido aumentando notablemente la producción de soja por su alta rentabilidad. Es un producto muy demandado por el mundo y por lo tanto, se pagan altos valores por este.
Si a lo antes descripto le sumamos la actual crisis alimentaria mundial y la estimulación mundial al uso de biocombustibles, la Argentina tiene un lugar preponderantemente beneficioso en el mapa, es uno de los pocos países en el mundo que puede sacar altos réditos de esta crisis, vendiéndole al mundo los alimentos que éste necesita a precios cada vez más altos. Esto es lo que estaba haciendo la Argentina hasta el 10 de marzo de 2008, exportando grandes cantidades a bastos mercados mundiales a precios, en dólares, en permanente alza.
En la República Argentina, se les cobra una alícuota, llamadas retenciones, a las exportaciones, es decir, que un porcentaje de las divisas en dólares que ingresan al país por exportaciones, son retenidas por el Estado Nacional. Esto tiene, según los especialistas económicos, la función de moderar los precios internos de los alimentos ya que equipara la ganancia que obtienen quienes exportan con las ganancias que puede obtener abasteciendo el marcado interno. Hay que resaltar que la relación peso-dólar en este país es de alrededor de 3 a 1 y, tomando este dato cambiario, se hace evidente la conveniencia de vender cualquier producto al exterior recibiendo pagos en dólares y que, si no existiesen las retenciones, quienes producen y exportan elegirían, o bien vencer toda su producción al exterior o bien vender en el mercado interno a valor internacional, algo absolutamente incompatible con el poder adquisitivo de los argentinos, que cobran sus sueldos en pesos. Al respecto, el ex Presidente Néstor Kirchner aseguró que “en estos tiempos, como dijo la Presidenta, es fundamental que a la mesa de los argentinos los alimentos lleguen a precios nacionales y no a precios internacionales y por eso puso las retenciones” El Gobierno Nacional fundamenta que las retenciones sirven además para poder generar más fondos que ingresan a las arcas del Estado Nacional con el fin de ser redistribuidas entre el resto de la población, y en especial, entre las clases más bajas a través de obra pública y asistencia social, entre otras.
Comienzo del conflicto
El 11 de marzo de 2008, el entonces Ministro de Economía de la Nación, Martín Lousteau, anunció modificaciones en el sistema de cobro de esta alícuota. Por un lado, se planteó la movilidad de las retenciones, que significa un aumento directamente proporcional del porcentaje a retener cuanto más aumente el valor internacional de los productos alimenticios, y por otro, elevar del 35% al 44,1% el nivel de retenciones sobre la exportación de granos de soja.
El día posterior a este anuncio, las cuatro entidades agrarias argentinas (denominada la mesa de enlace), es decir, las entidades que agrupan a todos los productores agrarios del país, Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro), llamaron a un paro del sector agropecuario en repudio a la medida tomada por el Gobierno Nacional, que se extendió por 21 días y en el cual se adoptó como metodología el emplazamiento de los productores a la vera de las rutas con el fin de evitar el paso de cualquier camión que contenga productos destinados a la exportación, para luego transformarse en cortes de rutas que produjeron un principio de desabastecimiento de alimentos en las ciudades argentinas, entre ellas, la ciudad de Buenos Aires. A esto se le sumó un cacerolazo en Buenos Aires y en las principales ciudades del país el 25 de marzo por parte de la gente que salió espontáneamente a la calle a apoyar al sector agropecuario.
Después de varios días de conflicto, de duros discursos dados por la Presidenta Fernández de Kirchner y los dirigentes del campo, el 28 de marzo comienza un breve período de reuniones entre ambas partes con el fin de intentar llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto. Algo que no se pudo concretar y, el 31 de marzo, el Gobierno Nacional anuncia una serie de medidas compensatorias con las cuales se pretendía devolverles posteriormente a los productores, parte de lo retenido. Esto fue inmediatamente rechazado por la dirigencia del agro, al respecto, el Presidente de la FAA aseguraba que “A simple vista, las medidas del Gobierno no modifican en esencia el motivo del conflicto” y agregó que en la propuesta de modificaciones hecha por el Gobierno Nacional “sólo hay generalidades”. En consecuencia, fue anunciada la continuación del paro hasta el 2 de abril, día en que la mesa de enlace promueve un cese de la protesta por 30 días a fin de mantener un diálogo con el Gobierno que pueda acercar posiciones.
En el medio de este período de tregua y negociación, harto importantes son los eventos ocurridos. Se producen amplios incendios en campos de las Provincias de Buenos Aires y Entre Ríos cuyo humo cubre rutas y ciudades provocando numerosos accidentes y la muerte de diez personas, el Gobierno Nacional culpa al campo de provocar dichas quemas. Por otro lado, el 25 de abril, renuncia el Ministro de Economía Martín Lousteau, quién había hecho el anuncio que desencadenó el conflicto. Asume como nuevo Ministro de Economía Carlos Fernández.
Pasados los 30 días de tregua, y al no haberse llegado a acuerdo alguno, el 2 de mayo el sector agropecuario anuncia su vuelta a las rutas, esta vez sin bloqueos, y el día 7 del mismo mes se proclama que el paro durará hasta el día 15 de mayo inclusive, y que en realidad se extendió mucho más allá de la fecha indicada. El 14 de junio Gendarmería Nacional avanza sobre uno de los piquetes en una ruta de la Provincia de Entre Ríos llevándose detenido, entre otros, al titular de la FAA de la Provincia de Entre Ríos, Alfredo De Ángeli, uno de los líderes de la protesta por parte del agro.
Etapa parlamentaria del conflicto
El 16 de junio se producen nuevamente cacerolazo en las principales ciudades del país, que se extienden por varias horas, proclamándole al Gobierno Nacional la pronta resolución del conflicto y logró que, al día siguiente, la Presidenta de la Nación, en un acto partidario en Plaza de Mayo, anuncie el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional con el fin de ratificar o rechazar la resolución 125, disparadora del conflicto. Según fuentes de Gobierno, lo que en realidad se buscó fue ratificar la medida a través de la vía constitucional transformándola en Ley Nacional.
Como consecuencia de este anuncio, la mesa de enlace decidió levantar las medidas de protesta para esperar la resolución que fuese a tomar en Congreso Nacional. A partir de aquí, comenzaron dos semanas de reuniones de consulta entre diferentes especialistas y Diputados Nacionales para poder interiorizarse sobre las distintas aristas del tema a tratar. Todo este camino, derivó en la votación ratificatoria de la resolución 125, aunque con ciertas modificaciones que no conformaron al sector agropecuario ni a la oposición política.
Una vez obtenido la media sanción de la Ley por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto pasó a la Cámara Alta, donde los Senadores Nacionales, después de nuevas reuniones de consulta, el día 16 de julio, tendrán que sesionar y votar por la ratificación o el rechazo del proyecto de Ley. En caso de ser rechazado, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados con el fin de ser modificado y en ese caso, el oficialismo tendrá que obtener dos tercios de los votos para poder lograr nuevamente la media sanción que le permita regresar al Senado Nacional.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario