La Corte Suprema suspendió medida cautelar que frenaba la ley de medios

Fue en respuesta a un fallo de un tribunal de Mendoza. Establece jurisprudencia para otras medidas cautelares presentadas en otras provincias. Al respecto se pronunció Víctor Hugo Morales en una charla en la Facultad de Periodismo.

El máximo tribunal argentino dispuso la suspensión de la medida cautelar presentada por el Diputado del peronismo disidente, Enrique Thomas, que frenaba la aplicación de la ley en todo el territorio. Entre otros fundamentos el fallo explica que “una medida cautelar que suspende la vigencia de toda una ley con efectos generales para toda la población es incompatible con el control concreto de constitucionalidad de las leyes, la división de poderes y la razonabilidad”.

La medida en cuestión fue presentada a comienzos de este año por Thomas en la justicia de Mendoza y apelada por el Gobierno Nacional. Un tribunal de apelación de dicha provincia confirmo la medida y el caso llegó a la Corte Suprema, que en su resolución agrega “que un diputado no puede reeditar en el Poder Judicial un debate que perdió en el Parlamento”.

Si bien el fallo de la Corte favorece la puesta en vigencia de la ley, los magistrados dejaron en claro que su determinación “no se relaciona con la valoración constitucional del contenido de la ley 26.522, sino con la validez de una medida cautelar que suspende la totalidad de sus efectos con fundamentos en presuntas irregularidades en el trámite parlamentario”.

La Ley de Medios Audiovisuales toca los intereses de los grandes grupos de multimedios del país, a los que Víctor Hugo Morales, en una charla brindada en la Facultad de Periodismo de La Plata llamó “monopolios y oligopolios”. Agregó que “esta es la primera ley antimonopólica, que regula las posiciones dominantes, la pauta publicitaria oficial y que abre el juego a más actores sociales”.

Morales afirma que esos grandes grupos, sólo en pauta publicitaria oficial, ganaron 188 millones de pesos en 6 meses y que hoy por hoy, con la ley de medios de la dictadura vigente “la pauta es distribuida por el gobierno de turno según la cara del cliente” favoreciendo claramente a los que más tienen. Agregó que el Estado tiene que velar por contener y proteger a aquellos medios más pequeños para que en la puja con los grandes grupos no salgan siempre perdiendo.

Cabe agregar que el fallo de primera instancia fue dictado por la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal en respuesta a la presentación de Thomas. Jueces de las provincias de San Juan y Salta, siguiendo los pasos de Arrabal, dictaminaron resoluciones similares que frenan también la aplicación de la ley. A este respecto Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad de Aplicación de la ley, afirmó que “el Ejecutivo utilizará los argumentos del máximo tribunal para apelar otros fallos que detuvieron la aplicación total de la norma”.

La Presidenta Cristina Fernandez de Kirchner no se quedó afuera de la polémica y a modo de celebración por el fallo de la Corte Suprema expresó que la ley de medios audiovisuales impulsada por su Gobierno “tiende a democratizar los medios de comunicación y el acceso a la información” y que por estos motivos es rechazada duramente por los grandes medios de comunicación y la oposición.

Características de la Ley de Medios Audiovisuales

La nueva norma viene a reemplazar a la actual ley de medios dictaminada durante el último proceso militar entre 1976 y 1983. Determina en su artículo 45 que una empresa o persona no puede poseer más de diez licencias de radio y televisión, siendo que en la actualidad ese límite es de veinticuatro.

También establece que una misma empresa no puede ser propietaria de un canal de aire y uno de cable en la misma ciudad, algo que claramente afecta a grandes grupos multimediales como Clarín, dueño de Canal 13 y TN, o el grupo de De Narváez, Manzano y Vila, propietarios de América Televisión y América 24.

En su artículo 161 la ley establece que una vez reglamentada y puesta en vigencia todas las empresas y personas jurídicas propietarias de licencias deberán adecuarse a la nueva normativa, lo que significa en muchos casos para los grandes grupos vender los medios necesarios para adecuarse al máximo de diez licencias.

Determina también la posibilidad de que sectores de la sociedad que hasta ahora estaban relegados posean sus propios medios de comunicación, como pueblos originarios (art. 151), ONG`s, sindicatos e instituciones educativas.

Estos son sólo algunos de los artículos más rechazados por los grandes medios del país. Todos aquellos que quieran interiorizarse más sobre esta importante ley deben ingresar en la pagina del Congreso de la Nación, www.congreso.gov.ar, y buscar la ley 26.522.

Por Pablo Aliverti